lunes, 30 de abril de 2018

I.U. apuesta por una educación afectiva basada en el respeto

El Área de Educación de Izquierda Unida reclama una apuesta decidida de las administraciones educativas por una educación afectiva sexual basada en el respeto, la igualdad y la libertad.

Las agresiones sexuales siguen siendo un grave problema social en pleno siglo XXI, y sentencias como la del tribunal navarro ponen en evidencia la urgente necesidad de cambios estructurales en nuestra sociedad, entre ellos los realizados a través de nuestro sistema educativo como agente transformador de los valores y conductas humanos.

 La  Educación,  como concepto amplio,  no sólo  se  ejerce  en la  Escuela. Partimos  del  principio de  que para educar se necesita a  toda  la  sociedad, pero también queremos  reafirmarnos  en el  papel  esencial  que  los  centros educativos  deben  desempeñar  en la  construcción  de  unas  relaciones  afectivo  sexuales  basadas  en el respeto,  la  igualdad  entre  sexos  y la  libertad.

Para  las  mujeres  y los  hombres  que  integramos  Izquierda  Unida, la  educación sexual  no puede  ser entendida  al  margen de  una  concepción de  los géneros  que  respete  la  diversidad y cuestione  la ideología  patriarcal  dominante  que  ha  impregnado  también los  programas  de  educación  sexual. En este  sentido, cualquier  propuesta  de  Educación  Sexual  desde  la  perspectiva  de  género debe  abordar  las  relaciones  de  poder asimétricas, la división de los espacios público-privado en función del género, la construcción social del deseo o el aprendizaje de la masculinidad y la feminidad desde modelos de dominación-sumisión.

La reciente sentencia en Navarra no es un caso aislado. Son muchas las decisiones judiciales que consideran que una mujer miente al denunciar una violación, que hacen  interpretaciones sobre cuándo existe disfrute, coacción, miedo o violencia sin tener conocimientos sobre las relaciones entre los géneros ni sobre cómo la pornografía es la verdadera escuela de sexualidad, desigualdad y dominación en que se forman la población joven y  adulta en nuestro país. Solo en los parámetros del cine porno las violaciones en grupo aparecen como deseadas por una mujer, en él se construye el deseo como posesión de los cuerpos femeninos, y constituye además la pedagogía y el marketing idóneo para la prostitución.

Es  urgente para el futuro de nuestra sociedad  dar un impulso decidido a  los  programas  del  educación sexual  en los  centros  escolares y abordar desde la educación todas estas cuestiones. Aún tenemos pendiente que la legislación sobre violencia de género recoja las violaciones como una de sus manifestaciones habituales, aunque la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva de 2010 establece que la salud sexual requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia, y establece en su capítulo III la responsabilidad del sistema educativo en la construcción de nuevos modelos de sexualidad.

Recordamos también que el concepto educación permanente se refiere al aprendizaje a lo largo de la vida, y que los poderes públicos deben asegurar el cumplimiento de las diversas leyes que obligan a diferentes profesionales a formarse en la edad adulta sobre cómo afecta el género a las disciplinas en que ejercen su labor. Ello incluye al profesorado, la judicatura, administración, cuerpos de seguridad, personal sanitario, etc.


Respecto a los Centros Escolares, todas las leyes educativas han integrado con mayor o menor relevancia los contenidos sobre educación sexual en los currículos de Educación primaria y secundaria. Falta  el  compromiso decidido de  la administración educativa  para  impulsar estos  programas  y la  implicación  de  las  direcciones, los claustros  y el  conjunto de  la  comunidad educativa  para  profundizar en  su puesta  en marcha. Además, los  centros  escolares  necesitan contar  con profesionales  específicos  en Educación  para  la Salud  (EpS), que  de  manera  permanente  estén en  los  colegios  e  institutos. Esto supone  un incremento  de  las  plantillas  y por tanto del  gasto educativo, incompatibles con  la  cicatera  política  de  inversiones,  que  vuelven  a  confirmar los  PGE  de  2018 presentados  por el Gobierno  a  las  Cortes  Generales, y los  recortes  presupuestarios  que  la  Escuela  Pública  viene sufriendo  en los  últimos  años.

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