IU preocupada por el nuevo decreto de admisión.

Este Decreto no asegura la libertad de elección de centro de las familias, perjudica a los centros públicos en beneficio de los concertados, permite la masificación de las aulas y empeora la atención del alumnado con necesidades educativas.

El Coordinador del Área (en el centro) junto a los dos ponentes
del informe sobre escolarización.

Desde el Área de Educación de IULV-CA manifestamos nuestra preocupación por la actual redacción del Proyecto de Decreto por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Consideramos que el concepto de libertad elección de centro docente, a partir de la cual se pretende justificar la redacción de un nuevo Decreto y una nueva Orden correspondiente, queda limitado por el propio procedimiento de admisión, pues lo único que se amplía es la libertad de elección de los centros privados concertados al aumentar sus zonas de influencia.

Queremos expresar nuestro rechazo a la manera en que el actual Proyecto de Decreto amplía de facto el área de influencia de los centros privados concertados, que debería coincidir con el área de influencia del centro público que corresponda al domicilio. Los centros privados concertados son centros subsidiarios del Sistema Educativo Público Andaluz cuando la oferta educativa de este sistema a corto plazo no cubra toda la demanda de escolarización. Pretender que los centros docentes privados concertados tengan áreas de influencia mayores que las de los centros públicos solo favorece que haya una mayor demanda de este tipo de centros en condiciones de desigualdad.

Asimismo, entendemos que el concepto de demanda social debe ser eliminado como criterio de la planificación en los casos que dicha demanda social se centre en centros privados concertados. La demanda social por zonas de influencia debe ser atendida por centros públicos.

En cuanto a la ratio de alumnos y alumnas por unidad escolar, proponemos que se revise para establecerse en:

• • En Bachillerato, veinticinco.
  • En Educación Secundaria Obligatoria, veinte.
  • En Educación Primaria, veinte
  • En Segundo Ciclo de Educación Infantil, quince.
  • En el caso de que se escolaricen en dichas unidades alumnado con NEAE, se reducirán del número máximo de alumnos y alumnas, dos plazas por cada alumnado NEAE, pudiéndose atender un máximo de tres alumnos o alumnas NEAE por unidad.

Asimismo, desde el Área nos adherimos al dictamen del Consejo Escolar andaluz, que reclama a la administración la provisión de recursos específicos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales a los centros donde dicho alumnado sea admitido. El borrador de Decreto supone una bajada en la calidad de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, que tendrá que ir a los centros donde se encuentren los recursos, perdiendo así la posibilidad de ser escolarizado en los centros que les correspondan por cercanía a su domicilio.

En cuanto a las prioridades de admisión, consideramos que hay que eliminar de la prioridad establecida en el artículo 21.1 a los deportistas con licencia deportiva en vigor en cualquier sociedad anónima deportiva que compita en la máxima categoría nacional, porque se introduce un nuevo criterio que puede ser causa de fraude, difícilmente controlable por la administración.

Por otra parte, no consideramos que el expediente académico de los alumnos y las alumnas deba de ser un criterio para el acceso al Bachillerato, en todo caso se debe mantener como criterio de desempate.

El Área de Educación de IU Andalucía apoya a docentes de Francés

El Área de Educación de IU Andalucía apoya a docentes de Francés y denuncia que con el nuevo Decreto de Bachillerato se pierde una oportunidad para mejorar la calidad de la educación en Andalucía

El Área de Educación de IU Andalucía expresa su apoyo a docentes de la especialidad de Francés que ven peligrar la obligatoriedad de la materia en primero de Bachillerato.

Ante el borrador de decreto de Bachillerato en Andalucía, desde el Área de Educación de IU Andalucía nos solidarizamos con la situación de las y los docentes de francés en nuestra Comunidad Autónoma, así como de opositores y opositoras que este año se presentan a una convocatoria en medio de gran incertidumbre.

El borrador que viene a modificar el Decreto 110/2016 de 14 de junio relega la Segunda Lengua Extranjera a una materia elegible en función de la regulación y la programación de la oferta educativa que realicen los centros docentes. Con ello, la segunda lengua se convierte en una materia de libre elección entre otras, dirigida al alumnado que desee especializarse en las ramas de humanidades y sociales. No podemos olvidar que la oferta de Segunda Lengua no sólo es relativa al francés, puesto que en centros de nuestra comunidad autónoma se ofertan lenguas como alemán, portugués o italiano, y que en determinados centros el propio inglés se oferta como segunda lengua y perdería de este modo la obligatoriedad. De esta manera, el nuevo borrador de Decreto obvia la importancia que tiene el multilingüísmo para fomentar la movilidad y la interculturalidad del alumnado.

Asimismo, desde el Área de Educación de IU Andalucía denunciamos que el borrador de Decreto elimina la materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en primero de Bachillerato, estableciendo una optatividad entre Religión y Cultura Científica. De esta manera, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía no sólo se reafirma en su rechazo a una formación en valores desde una perspectiva aconfesional centrada en el desarrollo de hábitos cívicos. También asume la Cultura Científica como una materia al mismo nivel que el adoctrinamiento religioso.

Para concluir, nos resulta llamativo que una norma relativa a Bachillerato introduzca modificaciones sobre el curso escolar que afectan a otras etapas. Consideramos que adelantar al 15 de junio como máximo la evaluación ordinaria para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y para el primer curso de Bachillerato, no concluyendo las clases antes del 22 de dicho mes, conlleva dificultades de ordenación del centro que la normativa no contempla. Según el borrador de Decreto, durante este periodo, con la evaluación ya realizada, deberá darse al alumnado que ha superado todas las materias una atención centrada en metodologías activas y participativas, algo que el profesorado deberá simultanear con la atención mediante un plan personalizado al alumnado que no haya superado la materia y acuda a la convocatoria extraordinaria de junio.

En definitiva, desde el Área de Educación de IU Andalucía lamentamos que el borrador de Decreto  se haya elaborando de espaldas a la comunidad educativa, sin atender a las necesidades reales de los centros, que introduzca incertidumbres sobre la viabilidad de su aplicación, y suponga una oportunidad perdida para aplicar medidas que puedan mejorar de manera efectiva la calidad de la educación en Andalucía, así como facilitar el trabajo de las y los docentes.

IU exige condiciones dignas para la FP en Chipiona.

IU exige condiciones dignas para la FP en Chipiona y reclama un convenio para que el Edificio San Fernando acoja por fin la Escuela de Hostelería

La diputada provincial de IU, Carmen Álvarez, lamenta la dispersión de edificios de la Consejería para impartir el grado de Gastronomía y Cocina y pide que se llegue al acuerdo necesario entre Ayuntamiento, Junta y Diputación para poner en valor un edificio que fue rehabilitado con cerca de un millón de euros de fondos públicos

Izquierda Unida vuelve a llevar a la Diputación de Cádiz la situación deficitaria de la Formación Profesional en el municipio de Chipiona y ha registrado una proposición por la que se insta a la Consejería de Educación a “garantizar unas condiciones dignas para todas las enseñanzas de Formación Profesional Básica que se imparten en el Instituto Salmedina de Chipiona, así como a la permanencia de las mismas para el próximo curso, incluyendo una ampliación de la oferta de FPB de forma progresiva para este centro”.

Asimismo, la moción que defenderá la diputada provincial, Carmen Álvarez, propone que se impulse la realización de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona, la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz para la puesta en funcionamiento del edificio municipal de San Fernando para su destino como centro de enseñanzas y prácticas de FPB para hostelería, turismo, restauración, gastronomía y cocina.

Señala la diputada que “hace más de 20 años que la Junta autorizó la enseñanza de grado medio de Gastronomía y Cocina en el Instituto Salmedina, que posteriormente fue transformada en la actual Formación Profesional Básica, sin que durante todo este tiempo, haya podido disponer de un centro propio con unas instalaciones dignas y adecuadas para impartir estos estudios”.

Según explica en la exposición de motivos, en los últimos cursos, la Consejería de Educación puso en marcha una dispersión de las aulas destinadas a Gastronomía y Cocina, ubicándolas en el colegio Los Argonautas, “un edificio que tiene problemas eléctricos muy graves, con ventanas rotas y falta de confortabilidad térmica”, mientras que los talleres de prácticas se han venido desarrollando en el Albergue Juvenil Inturjoven mediante un convenio suscrito por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chipiona.

Recuerda la diputada que “el presente curso comenzó con problemas que motivaron incluso una huelga del alumnado y la Junta decidió, finalmente, agrupar las horas de teoría en el mismo centro en dos días a la semana –lunes y viernes- reservando las tres jornadas centrales para las prácticas, a fin de posibilitar un ahorro económico en el pago del alquiler del nuevo inmueble elegido para las prácticas”. Concretamente, el lugar destinado a las prácticas es “un salón de celebraciones que está muy alejado del Instituto y que además, no dispone de una instalación eléctrica adecuada para el funcionamiento de un horno industrial y carece de unas condiciones técnicas suficientes para desarrollar esta formación profesional básica y para colmo, el horario habilitado resulta antipedagógico y poco motivador para el alumnado”.

Entendiendo que existen otras alternativas para su ubicación, Izquierda Unida ha venido presentando en el Ayuntamiento, en la Diputación de Cádiz y en el Parlamento andaluz iniciativas para la apertura y puesta en marcha del edificio municipal de San Fernando, con el objetivo de convertirlo en un centro para la formación profesional de la Hostelería en general y de la Gastronomía y Cocina en particular. Critica Álvarez que éste edificio no se ponga al servicio de la educación en Chipiona, tal y como estaba previsto, pese a que fue rehabilitado con cerca de un millón de euros de fondos públicos” y añade que “está situado en una zona privilegiada y céntrica de Chipiona y dispone de unas instalaciones idóneas para concentrar tanto las aulas para las clases como el espacio necesario para las prácticas de cocina”.