IU exige un nuevo sistema de acreditación en la Universidad

IU exige al Gobierno del PSOE un “nuevo sistema consensuado de acreditación del profesorado universitario que valore los méritos académicos” y que acabe con los abusos que impuso el PP Miércoles.

El Área Federal de Educación de Izquierda Unida anima al Ministerio a que aproveche una reciente sentencia del Tribunal Supremo que “sienta jurisprudencia y, entre otras cuestiones, cambia radicalmente el histórico problema de los sexenios de investigación al establecer que debe modificarse sustancialmente el proceso de valoración de los méritos del profesorado”

Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que aproveche la sentencia 2524/2018, del 12 de junio, del Tribunal Supremo para reordenar radicalmente la actividad en la ANECA negociar “un nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario consensuado con la comunidad académica que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y valore adecuadamente los méritos académicos de cada área de conocimiento”.

Enrique Díez, responsable federal de este área de IU, valora que “la sentencia sienta jurisprudencia y cambia radicalmente el histórico problema de los sexenios de investigación al establecer que se debe modificar sustancialmente el proceso de valoración de los méritos del profesorado”.

Los responsables de Educación del Gobierno del PP y la ANECA -agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario- impusieron unas condiciones de acreditación y de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario a través del R.D. 415/2015 que para IU siguen resultando “abusivas”.

Este sistema premia con sexenios el número de artículos publicados en revistas controladas por dos multinacionales privadas -Thompson Reuters (ahora Clarivate) y Elsevier-, mientras penaliza en caso de no alcanzar ese número, con un aumento significativo de la docencia. “Esta situación consolida un imaginario en el que la docencia universitaria, la labor fundamental de nuestras universidades públicas, parece que se considera más como una carga o un castigo que como algo positivo”, señala Díez.

“Además -detalla- los sexenios se han convertido en un criterio fundamental no solo para acreditarse, ascender en la carrera profesional y determinar la carga docente del profesorado universitario, sino también para poder participar en tribunales de tesis o en diferentes comisiones, además de para solicitar proyectos de investigación”.

Asimismo, el sistema de evaluación ANECA impone como mecanismo fundamental de acceso y promoción profesional el criterio del ‘impacto’, es decir, el número de citas recibidas por los artículos publicados en las revistas controladas por esas dos mismas multinacionales a través de sus bases de datos: Web of Knowledge (WOK) y Scopus.

“De esta forma se redefine el ‘valor’ y la ‘calidad’ científica en función de la simple visibilidad de la producción (recuento de citas -índice JCR-)”, señala IU.

Enrique Díez denuncia que las medidas que impuso el Gobierno del PP “endurecieron, además, irracionalmente las exigencias, dejando a un lado los criterios relacionados con la relevancia social y académica respecto de lo que se publica. Esta lógica hace que el currículum del profesorado universitario parezca cada vez más un proceso de ‘inversión emprendedora’ que algo derivado de una acertada y adecuada actividad docente que, en buena medida, acaba siendo considerada un obstáculo”.

Por todo ello, Izquierda Unida insta al Gobierno del PSOE a que “aproveche la nueva sentencia del Tribunal Supremo para ejecutar un cambio racional y medido del sistema de valoración para el acceso y promoción en los cuerpos docentes universitarios”.

Díez insiste en que este nuevo sistema de acreditación “debe nacer de un amplio consenso con la comunidad académica y, como demandan tanto ésta como los representantes sindicales, debe ser transparente, permitir la autoevaluación de los candidatos y valorar adecuadamente todos los méritos académicos”.

El responsable del Área Federal de Educación de IU considera que el fallo del Alto Tribunal “tumba definitivamente las duras condiciones para la comunidad educativa que impuso el Ejecutivo del Partido Popular. La justicia nos da la razón a quienes desde el primer momento denunciamos que no tenían ningún tipo de legitimidad, ya que tanto las propias universidades como los sindicatos pidieron reiteradamente su derogación”.

El Tribunal Supremo estable que es obligatorio que se ponderen los trabajos presentados con independencia del medio en que estén publicados: ‘Las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse sólo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados identificados en la Resolución de 26 de noviembre de 2014. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida por la Orden de 2 de diciembre de 1994. Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan. Y a ello han de referirse el comité de expertos o los que especialistas en los informes que emitan al respecto y en los que se fundamente la decisión de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora’.

“Queda claro -apunta Enrique Díez- que a partir de ahora se da la obligación de valorar en todo caso y de justificar la decisión. Esto supone que quienes evalúen deben leerse los trabajos y no sólo se tendrá en cuenta la revista en que se publiquen, sino que la prioridad estará en su contenido y su calidad, como no puede ser de otra manera”.

Para el Área Federal de Educación de IU, “un cambio tan profundo como el que demandamos al Gobierno debe orientarse al interés general para poder generar así oportunidades asequibles para una mayoría y no para precarizar aún más al profesorado universitario. Hay que revertir el actual sistema con el que cada vez es más difícil a los/las profesionales acceder a los puestos de titular y de catedrático/a, lo que consolida una dotación del profesorado más precario y peor pagado”.

Izquierda Unida Federal 2018

IU en defensa de la ampliación de la F.P. en Chipiona.

IU registra una Proposición No de Ley en defensa de la ampliación de Grados Medios y Superiores en Chipiona que cuenta ya con el respaldo del resto de grupos parlamentarios

El consenso logrado es fruto de una campaña de largo recorrido puesta en marcha por IU Chipiona y que tiene como aval la adhesión de la comunidad educativa del municipio al Manifiesto por la mejora de la enseñanza pública en la localidad

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz que ha contado con el apoyo del resto de grupos políticos y que persigue la adopción de medidas necesarias para incrementar la oferta educativa de Grados Medios y Superiores en la localidad gaditana de Chipiona. De igual forma, la proposición incluye la implantación de una Escuela de Hostelería en el Edificio de San Fernando de Chipiona, “en cumplimiento de los acuerdos institucionales precedentes y de la demanda social que existe al respecto”.

La iniciativa ha surgido tras el reciente encuentro mantenido por la parlamentaria andaluza de IU, Inmaculada Nieto, con el grupo municipal de IU en Chipiona y supone un paso más en el historial de iniciativas presentadas al respecto tanto a nivel local como en el Parlamento andaluz, donde IU ya interpeló a la Consejería al respecto. Nieto recuerda que el apoyo del resto del grupos mostrado ahora en la presentación de la PNL se debe al “alto grado de consenso en torno a estas propuestas y a la campaña que desde hace meses venimos desarrollando con el tejido social y las comunidades educativas de la localidad”, así como al consenso logrado a nivel local en el plano institucional.

La portavoz municipal de IU en Chipiona, Isabel María Fernández, ha resaltado que las adhesiones con que cuenta ya esta demanda de mejora de la oferta educativa en Chipiona son el fruto de “muchos meses de trabajo codo con codo con la comunidad educativa chipionera, de la que hemos logrado la adhesión, prácticamente generalizada, al Manifiesto por la defensa y la ampliación de la enseñanza pública en Chipiona que lanzamos en el mes de marzo y en el que hemos venido trabajando todo este tiempo”. Fernández apunta que “si sale adelante esta proposición en el Parlamento andaluz, como previsiblemente va a ocurrir, va a ser gracias a la interlocución con la propia comunidad educativa, tras haber escuchado sus demandas y haber atendido a criterios objetivos”.

La PNL presentada por IU incide en la menor oferta educativa de grados medios y superiores con que cuenta Chipiona en relación al resto de municipios del entorno. Así, constata que la localidad de Chipiona cuenta con un Grado Formativo por cada 6.000 habitantes, frente a la ratio de Rota, que sitúa al municipio en un grado por cada 3.800 habitantes o la de Sanlúcar de Barrameda, uno por cada 3.700 habitantes.

Ante estos datos y tras la ronda de contactos llevada a cabo por el Grupo Municipal de IU en la localidad queda en evidencia, “tanto los déficits de mantenimiento municipal en los centros educativos de Infantil y Primaria, como la escasa oferta de grados por parte de la Junta de Andalucía”, a la vez que se ha constatado que la población chipionera “aspira a contar con un refuerzo de grados en la localidad que permita a un mayor número de jóvenes cursar sus estudios sin necesidad de desplazarse a poblaciones cercanas, especialmente en los casos en los que su formación esté relacionada con actividades con muy buenas expectativas de inserción laboral en Chipiona”.

Como parte fundamental de esta demanda de mejora educativa se incluye la implantación de la Escuela de Hostelería en el restaurado Edificio de San Fernando, en cuya obra, como ha recordado IU en reiteradas ocasiones, se han invertido más de 800.000 € de dinero público para el proyecto de instalación de esta Escuela de Hostelería. Por otra parte, la formación política alude a la apertura de nuevos establecimientos de hostelería en Chipiona, que vienen a sumarse a “una red de equipamientos relacionados con el sector turístico ya consolidados en la localidad, que requieren de personal cualificado y profesional para atender a sus usuarios y usuarias”. Apunta además Nieto en la PNL, que “la formación de calidad y las oportunidades en materia de empleo están directamente relacionadas, por lo que la Consejería debe plantearse con seriedad una planificación educativa acorde a las necesidades de la población, la diversificación productiva y las expectativas de inserción laboral para el alumnado”.