IU exige al Gobierno del PSOE un “nuevo sistema consensuado de acreditación del profesorado universitario que valore los méritos académicos” y que acabe con los abusos que impuso el PP Miércoles.
El Área Federal de Educación de Izquierda Unida anima al Ministerio a que aproveche una reciente sentencia del Tribunal Supremo que “sienta jurisprudencia y, entre otras cuestiones, cambia radicalmente el histórico problema de los sexenios de investigación al establecer que debe modificarse sustancialmente el proceso de valoración de los méritos del profesorado”
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que aproveche la sentencia 2524/2018, del 12 de junio, del Tribunal Supremo para reordenar radicalmente la actividad en la ANECA negociar “un nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario consensuado con la comunidad académica que sea transparente, permita la autoevaluación de los candidatos y valore adecuadamente los méritos académicos de cada área de conocimiento”.
Enrique Díez, responsable federal de este área de IU, valora que “la sentencia sienta jurisprudencia y cambia radicalmente el histórico problema de los sexenios de investigación al establecer que se debe modificar sustancialmente el proceso de valoración de los méritos del profesorado”.
Los responsables de Educación del Gobierno del PP y la ANECA -agencia externa que evalúa los méritos del profesorado universitario- impusieron unas condiciones de acreditación y de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario a través del R.D. 415/2015 que para IU siguen resultando “abusivas”.
Este sistema premia con sexenios el número de artículos publicados en revistas controladas por dos multinacionales privadas -Thompson Reuters (ahora Clarivate) y Elsevier-, mientras penaliza en caso de no alcanzar ese número, con un aumento significativo de la docencia. “Esta situación consolida un imaginario en el que la docencia universitaria, la labor fundamental de nuestras universidades públicas, parece que se considera más como una carga o un castigo que como algo positivo”, señala Díez.
“Además -detalla- los sexenios se han convertido en un criterio fundamental no solo para acreditarse, ascender en la carrera profesional y determinar la carga docente del profesorado universitario, sino también para poder participar en tribunales de tesis o en diferentes comisiones, además de para solicitar proyectos de investigación”.
Asimismo, el sistema de evaluación ANECA impone como mecanismo fundamental de acceso y promoción profesional el criterio del ‘impacto’, es decir, el número de citas recibidas por los artículos publicados en las revistas controladas por esas dos mismas multinacionales a través de sus bases de datos: Web of Knowledge (WOK) y Scopus.
“De esta forma se redefine el ‘valor’ y la ‘calidad’ científica en función de la simple visibilidad de la producción (recuento de citas -índice JCR-)”, señala IU.
Enrique Díez denuncia que las medidas que impuso el Gobierno del PP “endurecieron, además, irracionalmente las exigencias, dejando a un lado los criterios relacionados con la relevancia social y académica respecto de lo que se publica. Esta lógica hace que el currículum del profesorado universitario parezca cada vez más un proceso de ‘inversión emprendedora’ que algo derivado de una acertada y adecuada actividad docente que, en buena medida, acaba siendo considerada un obstáculo”.
Por todo ello, Izquierda Unida insta al Gobierno del PSOE a que “aproveche la nueva sentencia del Tribunal Supremo para ejecutar un cambio racional y medido del sistema de valoración para el acceso y promoción en los cuerpos docentes universitarios”.
Díez insiste en que este nuevo sistema de acreditación “debe nacer de un amplio consenso con la comunidad académica y, como demandan tanto ésta como los representantes sindicales, debe ser transparente, permitir la autoevaluación de los candidatos y valorar adecuadamente todos los méritos académicos”.
El responsable del Área Federal de Educación de IU considera que el fallo del Alto Tribunal “tumba definitivamente las duras condiciones para la comunidad educativa que impuso el Ejecutivo del Partido Popular. La justicia nos da la razón a quienes desde el primer momento denunciamos que no tenían ningún tipo de legitimidad, ya que tanto las propias universidades como los sindicatos pidieron reiteradamente su derogación”.
El Tribunal Supremo estable que es obligatorio que se ponderen los trabajos presentados con independencia del medio en que estén publicados: ‘Las investigaciones, las aportaciones presentadas por los interesados, no pueden dejar de examinarse sólo por el hecho de que no se publicaran en las revistas o medios incluidos en los índices o listados identificados en la Resolución de 26 de noviembre de 2014. Ni tampoco están excluidos por esa sola razón de la máxima valoración permitida por la Orden de 2 de diciembre de 1994. Dependerá de su contenido la evaluación que merezcan. Y a ello han de referirse el comité de expertos o los que especialistas en los informes que emitan al respecto y en los que se fundamente la decisión de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora’.
“Queda claro -apunta Enrique Díez- que a partir de ahora se da la obligación de valorar en todo caso y de justificar la decisión. Esto supone que quienes evalúen deben leerse los trabajos y no sólo se tendrá en cuenta la revista en que se publiquen, sino que la prioridad estará en su contenido y su calidad, como no puede ser de otra manera”.
Para el Área Federal de Educación de IU, “un cambio tan profundo como el que demandamos al Gobierno debe orientarse al interés general para poder generar así oportunidades asequibles para una mayoría y no para precarizar aún más al profesorado universitario. Hay que revertir el actual sistema con el que cada vez es más difícil a los/las profesionales acceder a los puestos de titular y de catedrático/a, lo que consolida una dotación del profesorado más precario y peor pagado”.
Izquierda Unida Federal 2018
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