Los monitores de apoyo administrativo son en torno a 840 trabajadores, en su mayoría mujeres, del denominado Servicio de Apoyo y Asistencia a la Gestión Económica y Académica de los Centros Públicos de Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Estos trabajadores realizan tareas de gestión administrativa y académica en estos centros educativos. Este servicio venía estando subcontratado desde el año 2006 a través del Ente Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE, dependiente de la Consejería) con distintas empresas como Eulen, Clece, Adeco, BCM, STI, etc., atendiendo a 1031 centros.
Las condiciones laborales de los trabajadores han sido de gran precariedad (salario de menos de 5€/hora, impagos, inestabilidad, vulneración de derechos, etc). El desencadenante de la movilización de los trabajadores fue el hecho de que aquellos de las provincias de Cádiz y Córdoba empezaron a no cobrar de su empresa subcontratada STI. Denunciaron y la Inspección de Trabajo de dichas provincias resolvió que existía cesión ilegal de trabajadores.
En este proceso la Consejería de Educación decidió finalmente que cuando terminaran los contratos con las diferentes empresas, en el mes de noviembre, estos no serían renovados. El personal que fuera a asumir estos puestos a partir de ahora se contrataría desde Función Pública. Para ello, quienes quedaran despedidos habrían de acudir al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes del puesto de monitor en los centros de educación infantil y primaria. La Junta lanza por tanto un Plan de Choque para la contratación de monitores de apoyo administrativo.
Sin embargo, uno de los problemas principales que se plantean es que para acceder al proceso de contratación se exigen titulaciones muy específicas de FPII (Admón. y Finanzas o Animación Sociocultural) que muchos trabajadores no poseen, por lo que centenares de ellos y de ellas quedarían en la calle.
¿Cuál es nuestra posición ante el conflicto?
Es necesario encontrar una solución que ampare los derechos de los trabajadores que durante años han prestado un servicio público de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida se opone a los procesos de privatización, con toda la problemática que conllevan, que se producen en torno al ISE, apostando como alternativa por el rescate de los servicios externalizados.
En lo concreto, sería necesario un acuerdo de interpretación del convenio firmado entre la Junta y los representantes sindicales que pasaría por permitir la titulación genérica “Grupo 3” para que los afectados puedan entrar en el proceso de selección del SAE. Esto también debiera incluir la homologación de la experiencia dentro de la flexibilización de los criterios de titulación.
IU, a través de su organización y parlamentarios, viene haciendo gestiones ante la Consejería, losrepresentantes sindicales y los trabajadoras para intentar ayudar en esta situación.
Desde IU consideramos fundamental el servicio público que estos trabajadores prestan en los centros educativos y apoyamos las movilizaciones convocadas en defensa de sus derechos.
(1) No empleamos aquí lenguaje inclusivo porque, en general, el colectivo suele autodenominarse “monitores
administrativos”.
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