Por
un Pacto por la Ciencia.
Contra
la precariedad laboral de los investigadores
Desde
2010 a 2016, se ha reducido la inversión del Gobierno central en I+D en 2.845
millones de euros, lo que ha provocado la pérdida de más de 10.000
investigadores/as.
Estas
medidas nos alejan cada vez más de la posibilidad de conseguir un sistema
productivo basado en la ciencia y el conocimiento.
Desde
Izquierda Unida defendemos la necesidad urgente de implantar una política
científica que se concrete en un Pacto por la Ciencia que garantice marcos de
apoyo y promoción de las políticas públicas de investigación, así como
presupuestos plurianuales que garanticen los recursos necesarios
Esto
tiene que suponer un giro en la política del Gobierno, que le lleve a impulsar
la investigación, desarrollo e innovación, así como valorar la pérdida de
recursos humanos y materiales de investigadores
jóvenes. Es necesario evaluar el impacto que tiene la pérdida de investigadores
en nuestro país y adquirir el compromiso de dar estabilidad a la carreras
investigadoras de nuestros/as jóvenes, que permitan que el potencial de
transformación social que suponen reviertan en nuestras universidades, centros
de investigación y hospitales públicos
Para
ello, en primer lugar, es imprescindible eliminar los límites a la tasa de
reposición de empleo público en el sector de I+D, permitiendo la incorporación
de nuevos recursos humanos de acuerdo con las necesidades reales del sistema de
I+D+i.
El
gobierno del PP, se empecina en lo contrario. El cambio, por sorpresa, en los
contratos de miles de investigadores predoctorales sin su conocimiento ni
consentimiento, con el lógico malestar y preocupación entre los/as afectado/as,
hace unas semanas, es prueba de ello.
La
movilización conjunta de sindicatos, organizaciones, responsables
universitarios,… logró que el Gobierno rectificara, aunque este episodio sirvió
para poner de manifiesto una vez más el precario sistema científico de nuestro
país, la falta de estabilidad de los contratos y las barreras para desarrollar
la carrera científica de miles de jóvenes investigadores/as.
Por
eso estamos empeñados en defender las reivindicaciones del colectivo de
investigadores/as, impulsar el retorno de los que se han visto obligados a
salir de nuestro país en contra de su voluntad como única forma de impulsar su
vida profesional y exigir al más alto nivel garantías para conseguir un sistema
científico que represente un futuro para un país más justo y sostenible.
Se
hace imprescindible implicar a las distintas administraciones para elaborar un
censo de aquellos/as jóvenes que se han visto obligados a marchar de sus
ciudades y pueblos en busca de proyectos, contratos o becas que les permitan
continuar sus carreras profesionales y académicas iniciadas en España, con la
pérdida de recursos y el impacto negativo que tiene en sus lugares de origen
desde el punto de vista económico y social.
Son
necesarias un conjunto de medidas para combatir la precariedad, especialmente
juvenil, entendida como una imposición desde el empleo o la falta de este, la
falta de recursos, vivienda, oportunidades, acceso a servicios y salidas en
igualdad, que permitan construir un futuro desde su condición de jóvenes. Hay
que poner todos los medios a su alcance para frenar el éxodo y revertir la
precariedad.
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