El
mito del ahorro en la escuela concertada
La Iglesia Católica
suele difundir, en época de matriculaciones, folletos y notas de prensa donde
afirman que sus 2.458 centros privados-concertados suponen un ahorro para el
erario público de 3.601 millones de euros. Aseguran también que atienden a un
total de 1.434.524 estudiantes (casi todos en centros concertados), por lo que
vienen a decir que nos ahorran al menos 2.510 euros por alumno y curso. Esta
afirmación no parece basarse en ningún estudio científico, sino en su profunda
fe en que lo privado es más rentable que lo público, o en su creencia en los
“milagros”.
Sin embargo, la
investigación realizada por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida,
titulada El coste de la plaza escolar en la
pública y en la concertada, desmiente rotundamente ese mito interesado
acerca de que la educación privada-concertada sea
más barata que la pública. Demostrando en ella que este tipo de informaciones y
titulares sobre el pretendido "ahorro
público” que supone la enseñanza privada-concertada, no es más que una burda
manipulación.
Exclusivamente desde
el punto de vista económico, a igualdad de condiciones, ambos modelos
cuestan lo mismo (4.185 euros por alumno en la pública, frente a 4.184 en
la privada-concertada en el año 2011). Pero, además, si a esto añadimos lo que
supone el gasto de las familias, el
coste anual por estudiante en la enseñanza
privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación
pública sería de 5.007 euros. El
INE constata en efecto que las familias de la escuela
pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que para quienes
acudieron a un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar.
Cuando el diario La
Razón en 2011 afirmaba “estudiar en la pública cuesta el doble que en la
concertada”, daba datos trucados, imputando a la enseñanza concertada
exclusivamente lo que efectivamente le concierne (gastos de personal y de
funcionamiento), mientras que en la educación pública incluyen todo tipo de
gastos, aunque no tengan correlato alguno en la enseñanza concertada,
además de ocultar el coste añadido para las familias que supone
la enseñanza privada-concertada.
No se pueden hacer
afirmaciones de este tipo si no se hace un estudio comparado de los distintos
capítulos presupuestarios que afectan tanto a la enseñanza pública como a la privada
concertada, que serían los gastos de personal y de bienes corrientes y
servicios. Hasta el capítulo de “Transferencias corrientes” se suele añadir a
los gastos de la pública, a pesar de que corresponde precisamente a la financiación de los
conciertos educativos.
Hay en
efecto toda una serie de ámbitos educativos que la enseñanza
privada-concertada no atiende y que los presupuestos de la educación
pública tiene que asumir: Educación a distancia, Educación en el exterior,
Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se pueden
imputar sólo a la educación pública las partidas que atienden indistintamente a
ambas redes de centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o
Investigación educativa, entre otras, como se hace sistemáticamente en los
artículos divulgados al respecto.
El estudio realizado
por Izquierda Unida utiliza datos del MECD, el INE y el Consejo Escolar del
Estado para calcular la inversión en aquellos capítulos y partidas que tienen
su correlato en la privada-concertada; e introduce factores de corrección,
dadas las diferencias entre ambas redes educativas en aspectos que resultan
decisivos, para comparar el coste por alumno en condiciones de igualdad, como
son la ratio profesorado/grupo, la ratio alumnado/grupo y el salario del
profesorado.
Lo
que se ha constatado en esta investigación es que si la privada-concertada
tiene menor coste es porque ofrece servicios menos igualitarios (desatiende
las zonas rurales y selecciona a su alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de
minorías está escolarizado en centros públicos-) y peores condiciones
laborales a sus profesionales, que tienen mayor número de escolares a su cargo
e inferiores sueldos.
Veamos
por qué.
Las diferentes ratios
de alumnos/as por aula y de docentes por grupo que hay en ambas redes, influyen
poderosamente en el coste medio por plaza escolar. Estas diferencias obedecen a
que la educación pública tiene que asegurar el derecho universal a la educación
en condiciones de igualdad, por lo que tiene que llegar a todas las zonas
geográficas y acoger a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de la
enseñanza privada concertada que muestra un total desinterés por ubicarse en
áreas poco rentables, como son las zonas rurales o los municipios de menor
población (hasta 10.000 habitantes, el 90% de los centros son públicos), donde el coste medio por
alumno es bastante mayor, según viene constatando el Consejo Escolar del Estado
en sus informes anuales. Las estadísticas oficiales demuestran que la ratio de
alumnado por grupo se reduce a medida que baja el tamaño de los municipios y la
ratio de profesorado por grupo es superior a la media. Ambas circunstancias encarecen
el servicio, pero su rentabilidad social es enorme e irrenunciable: permite
ejercer su derecho a la educación a más de un millón de escolares en
condiciones de igualdad.
Respecto al alumnado
que la privada concertada (des)atiende, hay que señalar, por ejemplo, que son
más del doble el número de programas de diversificación curricular en la
educación pública con un reducido número de escolares por grupo (máximo
15). Igualmente hay que considerar que la mayor parte del alumnado con necesidades educativas
específicas está en centros públicos. La escolarización de este alumnado no
sólo implica una reducción de la ratio escolar en los grupos correspondientes,
sino que además requiere añadir profesionales especialistas. Lo cual también es
aplicable, en cierta medida, al porcentaje de alumnado inmigrante que requiere
recursos y apoyos complementarios para el éxito de su escolarización.
Vale la pena destacar
que estos dos factores clave que contribuyen al coste de una plaza (número de
docentes por grupo y de alumnos/as en cada aula), afectan directamente a la calidad
educativa. En este sentido, las diferencias son palpables, ya que en 2011
los centros públicos tuvieron una media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por
cada clase, mientras que en los concertados los grupos tuvieron una media de 23
estudiantes y fueron atendidos por 1,68 profesores. En efecto, si se eleva
el número de escolares a cargo de cada docente, se reduce el tiempo y la
atención que puede dedicar a cada alumno/a, lo que redunda en una respuesta
educativa menos personalizada.
Por último, las condiciones
salariales del profesorado –que suponen más del 60% del gasto–, también
repercuten significativamente en el coste de la plaza escolar, ya que mientras
los docentes de la pública cobran un salario medio anual de 36.784 euros, los
de la privada-concertada tuvieron un sueldo de 30.976 euros.
Por lo tanto, a
partir de datos oficiales y no de creencias, con una metodología y
homogeneización de datos acordes con las que se utilizan en los estudios
comparativos internacionales, el supuesto “ahorro” por plaza escolar de la
enseñanza concertada está relacionado con un mayor número de escolares por aula
y con menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa implicación a la
hora de acoger al alumnado que requiere mayor atención educativa y de su total
desinterés por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales
o los municipios de menor población.
No es de extrañar,
por tanto, que los recortes educativos de los últimos cursos se hayan
dirigido a alterar ambas ratios, rebajando así la calidad y equidad de la
educación pública: el recorte de docentes en los dos últimos años ha sido
de 30.000 profesores, además de congelar o reducir sus salarios. Estudios
recientes revelan al respecto que en los últimos años (2007-2012) el gasto
medio por estudiante en la enseñanza
pública se ha reducido en 648€, mientras que el de la privada concertada ha
aumentado 105€. Y la situación, alerta el estudio, no tiene visos de igualarse
por arriba, sino por abajo.
Si esta
investigación hubiese podido utilizar los datos oficiales del año 2013 o 2014,
todavía no disponibles, muy probablemente la diferencia entre el coste por
alumno/a en la educación pública y en la concertada sería mucho menor, puesto
que en los últimos años se están acomodando los estándares de la enseñanza
pública a los de la privada concertada, a pesar de que ello conlleve una merma
en la calidad y equidad de la educación.
Además no podemos
obviar que si a esto le añadimos el desembolso económico que tienen que hacer
las familias en la pública y en la privada-concertada, anteriormente comentado,
la plaza escolar de la privada concertada es mucho más cara que la pública.
Por
tanto, la educación pública no sólo es más rentable, sino que llega a todos los
lugares y atiende a todo tipo de alumnado; además de ofrecer todas las
modalidades educativas y mejores condiciones laborales a sus profesionales, lo
cual redunda en mejor calidad y equidad. En definitiva, la escuela pública no
sólo es la que puede compensar las desigualdades sociales y propiciar mayor
cohesión social, sino que cumple ese irreemplazable papel sin que ello suponga
mayor coste real para el erario público o para las familias.
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