El Área de Educación
de IU denuncia la expansión del negocio privado en la Educación Superior que
auspicia el gobierno del PP eliminando requisitos para abrir nuevas
universidades privadas y facilitando que las CCAA puedan cerrar universidades
públicas, con el nuevo real decreto de creación y reconocimiento de
Universidades que prepara.
Desde 1997 las universidades privadas han proliferado en la
geografía estatal de la mano del PSOE y del PP, pasando de 12 a 32, mientras
no se ha abierto ni un solo campus público (manteniéndose los 50 que había). A
estas 32 se suman 5 nuevos proyectos, los dos más recientes en la Comunidad de
Madrid, donde el número de privadas doblaría ya casi al de públicas. Sin
embargo, en estos 17 años no ha variado sustancialmente el número de
estudiantes universitarios, pero en contraste el número de universidades privadas
no ha dejado de aumentar.
Izquierda Unida denuncia que la repetida frase por nuestras
autoridades públicas “hay demasiadas universidades”, debería ser fiel a la
verdad y afirmar “hay demasiadas universidades privadas”. Porque la última
universidad pública se levantó hace tres lustros y, sin embargo, en ese tiempo,
el número de privadas se ha multiplicado por dos hasta llegar a las 32
actuales.
Izquierda Unida denuncia que la mayoría de los informes
preceptivos emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria han
sido negativos, señalando deficiencias graves en los proyectos de creación de
nuevas universidades privadas, y que en la práctica totalidad de ellos se
subraye la falta de encaje de la oferta de titulaciones propuestas, por innecesaria,
en el marco de la programación general. Sin embargo, a pesar de que muchas de
ellas no reunían todos los requisitos exigidos (con un 30% de profesores
doctores, cuando el mínimo de Bolonia es el 50%), ni garantizaban la calidad
docente (la universidad ‘online’ Manuel Ayau patrocinada por una naviera, una
empresa de talasoterapia y de transportes frigoríficos se sitúa en una casa de
23 metros cuadrados), ni una mínima actividad investigadora que no parece
serles rentable (el 99% de la investigación se hace en los centros públicos),
los distintos gobiernos de las Comunidades Autónomas autorizaron la apertura de
esos “negocios privados” universitarios que se han convertido en fábricas de
expender títulos a un buen precio.
Mientras, desde 2011 el Gobierno central viene presionando
a los gobiernos autonómicos para que establezcan una reforma del “Mapa de
Titulaciones universitarias”, exigiéndoles que supriman diferentes titulaciones
públicas y que fusionen otras. Insistiendo, con su habitual neolenguaje, que
esto no son recortes de la Universidad Pública, sino reformas para ordenar y
racionalizar. El nuevo real decreto de Wert lo quiere consagrar por ley en el
borrador de Real Decreto de Creación y Reconocimiento de Universidades,
estableciendo que las comunidades autónomas podrán revocar la autorización de
funcionamiento a las universidades públicas o de sus centros que no cumplan una
serie de exigencias mínimas, previsión que hasta ahora sólo se contemplaba para
los centros privados.
Esto encaja con la filosofía de los actuales gobiernos
conservadores de las Comunidades Autónomas, que están apostando por recortar
las universidades públicas, mientras autorizan, apoyan y potencian
simultáneamente las universidades privadas. Por ejemplo, los gobiernos del PP
de Torrent, Valencia, Alzira y Xàtiva han cedido terrenos públicos para las
universidades privadas. O en El Campello y Sant Joan para impulsar dos nuevas
universidades privadas. Incluso en Sant Joan el ayuntamiento del PP compró una
residencia de tiempo libre para ceder la instalación a la nueva universidad
privada.
Son éstas, las privadas, las que han repetido y duplicado
las titulaciones que había en la pública. Por ejemplo, la actual burbuja
universitaria del sector privado en Valencia ha acabado con años de
planificación del sistema universitario público valenciano, denuncian los
rectores. Una burbuja privada que está provocando una saturación de grados
duplicados que generará cuantiosos beneficios económicos a quienes la
promueven. El ejemplo más significativo son las ocho facultades de medicina en
el País Valenciano, tres de ellas en Alicante.
El Área Federal de Educación de IU denuncia que el real
decreto de creación y reconocimiento de universidades que prepara Wert lamina
la labor de la Secretaría General de Universidades, del propio Ministerio de
Educación, que no se cansa de emitir tajantes informes desfavorables sobre
nuevas universidades privadas, dejando claro que no responden a uno de los tres
motivos que la legislación actual establece para poder crearlas: demanda por
razón de mayor población escolar, desarrollo de nuevas ramas por avances
científicos o cobertura de nuevas necesidades profesionales. Por eso la
creación de nuevas universidades privadas no tiene razón de ser ni responde a
ninguna necesidad social, solo al ánimo de lucro y beneficio de sus
accionistas. Sin embargo, el real decreto de creación y reconocimiento de
universidades elimina esos requisitos para que no supongan trabas para seguir
ampliando el negocio educativo u otros que supongan algún tipo de dificultad
como el de que las universidades cubran con sus títulos las distintas ramas del
conocimiento (Humanidades, Ciencias y Tecnología).
El Área de Educación de IU denuncia además que,
simultáneamente a todo lo anterior, el PP han desatado una campaña de
desprestigio de los campus públicos para favorecer a los privados: a los
recortes de más de 1.200 millones desde 2010 se suma el encarecimiento de
matrículas y una mayor exigencia de notas para acceder a las becas. Se potencia
así una nueva privatización del sector público, diseñada desde los organismos
públicos a quienes hemos encargado que garanticen y gestionen los servicios
públicos al servicio de toda la ciudadanía.
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