El área de Educación de IU Cádiz acusa a la Junta de querer controlar las visitas institucionales a los centros educativos

Pide la retirada de la instrucción enviada a los centros de la provincia avisando de que, a partir de este momento, será la Delegación quien “controle y organice” las visitas de entidades públicas o privadas a los centros educativos, “cercenando la autonomía de los propios centros”, denuncia IU. 

Ángel Fernández, Coordinador de la Red de
Educación de IU Andalucía (en primer plano)

El área de Educación de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz denuncia un ataque a la autonomía de los centros educativos por parte de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. 

El responsable provincial de la Red de Educación de IU Cádiz, Ángel Fernández, apunta que “hace unos días se ha recibido en los centros educativos de la provincia una carta de la Delegación Territorial competente en educación donde se cercena parte de la autonomía de los centros respecto a las visitas institucionales a los mismos” y aclara que “hasta el momento, los centros educativos gestionaban las visitas institucionales, ya fuesen de entidades públicas (alcaldes o alcaldesas, delegados y delegadas municipales del ramo, parlamentarios o parlamentarias), o de entidades privadas; mientras que a partir de la recepción del nuevo escrito, será la propia delegación quien controle y organice dichas visitas institucionales”. 

Explica Fernández que este tipo de visitas son “fundamentales para el desarrollo de las gestiones que un centro educativo debe hacer según las competencias que tiene asignadas y para mantener el contacto con su entorno, que es una obligación recogida en la propia normativa”. Asimismo, el dirigente indica que “según las noticias que han llegado al área de Educación de Izquierda Unida en Cádiz, la Delegación Territorial está utilizando lo establecido en la mencionada carta, para prohibir el uso de los centros educativos a determinadas entidades, lo que es absolutamente contrario a la normativa vigente y a las instrucciones que regula el uso de los centros educativos”. 

Insiste Fernández en que “los decretos, que regulan el funcionamiento de los centros educativos, determinan que estos tienen autonomía en la organización y gestión del mismo y dicha autonomía es atacada claramente por la menciona misiva de la Delegación Territorial, en cuanto se inmiscuye en la propia vida del centro más allá de lo que está permitido”. 

 Ante esta situación, “desde el área de Educación de IU en Cádiz, y como primer paso, se pide la anulación de dicha carta, que por otro lado no está basada en ninguna normativa actualmente en vigor. Actualidad Relacionada

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La Red de Educación de IU Cádiz trasladará al Parlamento andaluz los impagos que sufren los PTIS en la provincia

 En un encuentro con el Sindicato de Enseñanza de CCOO, IU se ha comprometido a hacer gestiones para forzar que se agilice el proceso de relevo de la empresa concesionaria de estos servicios.

Encuentro con CC.OO.

La Red de Educación de Izquierda Unida Cádiz se ha comprometido con el Sindicato de Enseñanza de CCOO a trasladar al grupo parlamentario andaluz Por Andalucía los problemas de impagos de nóminas que están soportando los Profesionales Técnicos de Integración Social (PTIS) en la provincia -personal que atiende a alumnado con necesidades especiales.

Este compromiso ha surgido en el transcurso de un encuentro del responsable provincial de la Red, Ángel Fernández, así como otros integrantes del área de Educación de IU con CCOO, de cara a abordar la situación laboral de estos profesionales. Fernández ha señalado, además, que IU hará las gestiones oportunas para “evitar que vuelvan a darse situaciones de este tipo, que hacen difícil a estos profesionales desarrollar su labor dignamente”.

De igual forma, la Red de Educación de IU elevará propuestas al grupo parlamentario para lograr que se facilite el relevo de la empresa concesionaria de estos servicios, que, al parecer, ha presentado su renuncia a seguir prestando sus servicios en los colegios de la provincia.

La Red de Educación de Izquierda Unida viene reclamando desde hace años al Gobierno andaluz que “dignifique de una vez al colectivo de los PTIS, un personal que realiza funciones esenciales para el alumnado con necesidades en Andalucía, pero al que la administración andaluza maltrata, a la vez que deja de cumplir su responsabilidad respecto a este alumnado, que tiene recogido por ley su derecho a recibir una educación en igualdad de condiciones”.

La Red de Educación de IU Cádiz exige a la Consejería un plan de inversiones para reparaciones en colegios

La formación política califica como “muy grave” la situación del CEIP isleño San Ignacio, que sufrió desprendimiento de una parte del techo el pasado jueves.

La Red de Educación de Izquierda Unida en Cádiz exige a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan de rehabilitación y adaptación de los centros escolares públicos andaluces, porque considera que “existe dinero para ello”.

Ángel Fernández, Coordinador de la Red
de Educación de IU en Cádiz

La formación política considera que el gran problema que sufre la gestión del mantenimiento de centros escolares viene de muy atrás y “finalmente, los que sufren las consecuencias son, el propio alumnado y la comunidad educativa en general”, apunta el responsable provincial de la Red, Ángel Fernández, que ha puesto como ejemplo de esta situación el desprendimiento de un trozo de techo en el CEIP San Ignacio de San Fernando el pasado jueves, lo que a su juicio, ha provocado “una enorme preocupación e indignación en la comunidad educativa del centro, y en el conjunto del municipio”, a la vez que añade que, se trata de “un hecho que sólo recuerda las deficiencias estructurales que padece este viejo colegio y que llevan tiempo generando problemas. Pero el San Ignacio, aunque paradigmático, es sólo un ejemplo de la necesidad de reformas e inversiones que necesitan un buen número de los colegios de la provincia de Cádiz”.

La Red de Educación de IU Cádiz señala que “el Gobierno andaluz destinó a la educación concertada (privada financiada con fondos públicos, mayoritariamente católica) en el año 2020, según los últimos datos oficiales disponibles, 879 millones de euros”. Y añade que, a este dato, se suma “la rapidez de la Junta en atender las necesidades de los centros privados, con medidas como la que el pasado 21 de octubre publicaba el BOJA, el decreto ley 6/2022 en el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas para la mejora de los módulos de los conciertos educativos, ante la situación generada por el coronavirus; una propuesta que pretende dotar de 4,5 millones a las partidas de Otros Gastos destinada al mantenimiento, funcionamiento y conservación de los centros privados concertados”.

Incide el responsable del área de Educación que el problema del mantenimiento de los centros escolares es “un largo litigio que arranca desde la primera Ley de educación, la Ley Moyano de 1857, que establecía que era incumbencia de los ayuntamientos o provincias el sostenimiento de las escuelas e institutos e, incluso, el pago del sueldo de los maestros”. Y apunta que en la actualidad, la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponden al municipio respectivo, aunque advierte de que “los problemas financieros seculares por los que atraviesan nuestros municipios, agravados tras la crisis especulativa de 2008, junto a la antigüedad de muchos edificios, hace imprescindible la puesta en marcha de un plan de choque que aborde las deficiencias de muchos de ellos”.

Por otro lado, la Red de Educación de IU Cádiz hace referencia a la necesidad de adaptación a la emergencia climática de la educación andaluza, “para la que la Junta de Andalucía tiene una herramienta legislativa magnífica, la Ley de Bioclimatización de los centros escolares, a la que es hora ya de asignar recursos suficientes para su aplicación, la adaptación de los patios de una buena parte de los colegios, en consonancia con las nuevas demandas educativas y el movimiento patios habitables o la posibilidad de convertir muchos centros públicos en lugar de producción de comunidades energéticas, como ya se está haciendo en algunos centros pioneros, que justificaría este plan y esta inversión”.

“Como afirman una mayoría de economistas, apostar por una educación pública de calidad es la inversión con la mejor tasa de retorno que un país puede realizar – recalca Fernández-, y desde la Red de Educación de IU añadimos, invertir en educación es apostar por equidad e inclusión”.