Manifiesto de Izquierda Unida Andalucía
El ideal ilustrado de una educación laica e igualitaria para todos está siendo neutralizado, borrado y destruido. En Andalucía, Izquierda Unida, sumándose al sentir del conjunto de la comunidad educativa, observa con tremenda preocupación el deterioro y desmantelamiento del sistema público de educación, un hecho que socava la cohesión social y el derecho humano, fundamental, a la educación. Ya que es la red pública de centros educativos la única que garantiza este derecho en condiciones de igualdad y equidad al conjunto de la población.
La llegada del PP al gobierno de la Junta en 2019 ha gravado los problemas existentes. Entre 2018 y 2023, los centros públicos de nuestra comunidad han perdido el 5,9% de sus clases mientras los de la red concertada no solo no han disminuido, sino que han aumentado un 5%. En Andalucía, al revés que la media del conjunto de España, la red pública también ha perdido un mayor porcentaje de alumnado, un 10,7%, frente al 4,3% de la privada subvencionada.
El deterioro de lo público es la vieja estrategia de las políticas “neocons” para avanzar en una privatización de los servicios. Frente a una bajada de la natalidad y una mayor disponibilidad de fondos públicos, el gobierno de Juan Manuel Moreno ha rechazado la petición unánime de bajada de ratio y ha colocado a la Educación andaluza, junto a la de la Comunidad de Madrid, en el último puesto de la inversión por estudiante, gastando el año pasado 5.442 euros por cada alumno/a.
Otros aspectos, como la falta de personal para atender a un alumnado cada vez más diverso y con necesidades especiales, la desatención a los comedores, la situación de deterioro del parque inmobiliario, una oferta de plazas de FP claramente insuficiente que empuja a muchas familias a recurrir a las caras ofertas privadas, o la lentísima aplicación de la Ley de Bioclimatización, en un territorio tan afectado por la emergencia climática, son indicadores de la escasa preocupación por la Escuela pública andaluza de este Gobierno.
Desde Izquierda Unida nos reafirmamos en que hoy más que nunca es necesario seguir manteniendo vivo el ideal democrático de una escuela pública para todos, un modelo educativo ajeno a la cuna y al destino marcado por el poder del dinero. Un modelo de escuela pública que haga suyos los ideales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, en una aspiración constante hacia el bien común. Una escuela que tenga como referente fundamental la Declaración universal de derechos humanos, en la que quepan todas las personas, siendo esta una condición esencial de aprendizaje para la vida. Porque la Escuela pública enseña para la vida, porque solo en ella se refleja la vida misma, en toda su vasta diversidad.
Es necesario defender un modelo educativo que garantice el bien común de todos y de todas y no el de unos pocos. Trabajar por la mejora de todas las escuelas públicas, en lugar de incitar a las familias a elegir y competir, y de esta manera no solo preservar los fines sociales de la educación, sino garantizar la cohesión social.
Tenemos que entender la educación como un bien común, en el que las familias participan, no como clientes, sino como copartícipes activos en la construcción social de una escuela beneficiosa, no solo para sus hijos e hijas, sino también para los hijos e hijas de los demás. Debemos considerar que la finalidad de la educación es conseguir fundamentalmente el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que vive.
Para avanzar en este camino proponemos:
* Un aumento de la inversión en Educación, tendiendo hacia ese 7% del PIB de los países más avanzados.
* Una bajada de ratio, real, en todos los niveles educativos. Un objetivo claramente alcanzable en el futuro inmediato dado el descenso de la natalidad.
* Un aumento del personal de los Equipos de Orientación y los/as profesionales responsables de la atención al alumnado con necesidades especiales.
* Un plan de inversiones orientado a la renovación y adaptación de los centros escolares, con especial atención a las necesidades impuestas por la emergencia climática.
* Un aumento de la oferta pública de FP reglada, que haga posible atender con la máxima rapidez la importante demanda que esta modalidad educativa, crucial para lucha contra el desempleo, está teniendo en la actualidad.
* Un replanteamiento general de los servicios complementarios, que deben tender hacia la gratuidad y la gestión pública. Especialmente el comedor. Recuperando el modelo de gestión pública o cooperativa, y con cocina “in situ”, siempre que sea posible.
